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1 by August by 2026
La existencia jurídica de un genocidio no la deciden gobiernos, partidos ni la opinión pública. Corresponde determinarla a tribunales competentes, como la Corte Internacional de Justicia (respecto a la responsabilidad de los Estados) o la Corte Penal Internacional y otros tribunales penales (respecto a la responsabilidad individual).
Según la Convención de la ONU de 1948, para que exista genocidio debe probarse la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, mediante actos como matar a sus miembros, causarles graves daños o imponer condiciones destinadas a su destrucción. No basta con que haya muchas víctimas civiles.
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Ceuta y Melilla no son colonias según el Derecho internacional: forman parte de España, están integradas en su sistema constitucional y la ONU no las incluye en la lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. Marruecos las reivindica y hace propaganda falseando la historia, pero esa reclamación no modifica su estatus jurídico.
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